¡LA PROTESTA ES UN DERECHO! -
¡VAMOS A DEFENDERLO!
NUESTROS DERECHOS SON HIJOS DE LA LUCHA SOCIAL
Nos podrán arrebatar algunos derechos, pero nunca podemos perder el derecho a luchar
RECHAZAMOS LA PRETENSIÓN DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL
Hace pocos días los diputados del riñón oficialista Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez, en el marco de lo planteado por la Presidenta en su discurso el 1° de marzo en la apertura de las sesiones parlamentarias del presente año, dieron a conocer un impresentable proyecto de ley “anti-piquete”.
Esta norma fue anunciada como una disposición reguladora denominada mentirosamente “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”.
EL AJUSTE SUPONE REPRESIÓN
Desde diversos lugares hemos venido sosteniendo que las políticas de ajuste no cierran sin represión. Pues bien, decisiones económicas como la reciente devaluación y sus múltiples efectos (más inflación, disminución del poder adquisitivo del salario e ingresos sociales, mayores tarifas en los servicios públicos) sobre la vida cotidiana constituyen formas de “ajuste” que demandan, según la óptica oficial, preparar las condiciones para encorsetar las naturales y lógicas respuestas populares.
PRETENDEN NEGAR LA LEGITIMIDAD DE LA LUCHA CON UNA LEGALIDAD INCONSTITUCIONAL
Los pueblos se han constituido y se constituyen en protagonistas de su destino mediante las legítimas luchas que les permiten transformar sus necesidades en derechos.
Los sectores populares tienen en la calle el escenario para avanzar en sus reivindicaciones, negarles esa posibilidad es ir a contramarcha de la historia y de las necesidades de los humildes.
Hasta la llamada “gobernabilidad” del propio gobierno, que tanto preocupa a quienes tienen la responsabilidad de la administración temporaria del Estado, se verá perjudicada. Ni los militantes populares, ni sus organizaciones van a abandonar las calles porque una ley pretenda impedirlo. Los problemas sociales se resuelven con políticas que les den solución, no pretendiendo acallar la voz de los reclamos.
La tarea de un gobierno, simplemente preocupado por su pueblo, debe favorecer -no reprimir- su organización y manifestación.
La norma legal que se pretende aprobar establece que toda manifestación pública –para ser considerada “legítima” por la autoridad administrativa- debe ser notificada ante la representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. De lo contrario será considerada “ilegítima” y podrá ser dispersada por las fuerzas de seguridad. De modo que –hoy- se deja en manos del Teniente Coronel Sergio Berni la decisión sobre la legitimidad de nuestras luchas. Asimismo la norma propuesta plantea la ilegitimidad de toda protesta que afecte los servicios relacionados con la seguridad, educación y salud pública.
La inconstitucionalidad de estas disposiciones no merece un mayor comentario. Basta recordar que la represión, “dispersión por las fuerzas de seguridad” según las palabras de los lenguaraces del poder, solo puede ser ordenada por la autoridad judicial.
También deberían saber que el uso del espacio público no es competencia del Estado Federal por lo cual el Congreso Nacional carece de facultades para la pretendida “regulación”. Más aún, estos aprendices de brujo que quieren doblegar la legítima lucha del pueblo con una trucha legalidad, conocen que –para nuestra jurisprudencia- existe el derecho de resistir a la represión si la misma no está avalada en una orden judicial.
OLVIDAN LA HISTORIA DE NUESTRO PUEBLO
A lo largo de la historia dos valores antagónicos han quedado inscriptos en la memoria colectiva. La reivindicación de las grandes luchas y movilizaciones populares y la condena a quienes quisieron congelar la historia reprimiendo a los trabajadores, el pueblo y sus organizaciones.
Entre las primeras debemos recordar: Las huelgas anarquistas en la Patagonia, la Forestal y los Talleres Vasena en la década de los 20 del siglo pasado. El 17 de octubre de 1945 con su gigantesca marcha obrera. El glorioso Cordobazo que, en 1969, achicara los tiempos de una dictadura que imaginaba perpetuarse. Las movilizaciones populares de marzo de 1982 que marcaran el agotamiento de una dictadura genocida. El argentinazo de diciembre del 2001 que sentara las bases para una recuperación de derechos.
Entre los marcados a fuego por la memoria del pueblo no podemos olvidar la Ley 4144 de 1902 que planteaba la expulsión del país de militantes sindicales y sociales extranjeros, denominándolos “agitadores o indeseables”. No es menos indigno el Decreto 4161, aprobado después del golpe militar de 1955 que prohibía toda expresión de las figuras, símbolos y nombres del peronismo derrocado y proscripto.
Variados decretos y leyes antirrepresivas ensombrecen a diferentes momentos de la historia de nuestra patria. Algunos en épocas de dictaduras, otros en momentos de una mermada democracia. Más cerca en el tiempo, el decreto 262/75 -cuando gobernaba Isabel Perón- permitió el adelanto represivo que luego se institucionalizó totalmente con el Golpe del 24 de marzo de 1976. Más próximo aún, la Ley antiterrorista, N° 26734 aprobada en el 2011, sigue siendo una Espada de Damocles sobre la cabeza de luchadores actuales y futuros.
LOS LEGISLADORES NO DEBEN CEDER A LAS PRESIONES DE LOS SECTORES DE PODER
Los sectores reaccionarios, para no ver cuestionados sus privilegios, siempre quisieron evitar –mediante la represión- la lucha y organización popular. Las crecientes concesiones al poder económico crean las condiciones para que se llegue a este grave error, promovido por antiguos luchadores y un gobierno que se proclama “nacional y popular” y defensor de los derechos humanos.
La Ley propuesta, que tiene una vergonzosa semejanza con un decreto del 15 de setiembre de 1983 del tirano chileno Augusto Pinochet, está elaborada al gusto y paladar de los enemigos de los trabajadores y el pueblo.
Esperamos que la dignidad de algunos legisladores impida la aprobación de esta norma que puede provocar daños sociales irreparables.
Sus autores “homenajean” a los protagonistas del 19 y 20 de diciembre de 2001, a los millares que acompañaron a Kosteky y Santillán el 26 de junio de 2002, en Puente Pueyrredón, pretendiendo sancionar una norma que hoy avalaría aquellas represiones.
DAR PODER AL PUEBLO ES UNA FORMA DE LIMITAR LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
Todos sabemos, lo certifican cifras oficiales y privadas, el modo que crece y se profundiza la concentración económica. De nada valen los discursos contra el poder de las “corporaciones” si luego se contribuye a su efectivo crecimiento y consolidación. Ante esta tendencia a una mayor concentración aparecen en el mundo paradigmas humanistas que procuran ponerle coto otorgando mayor respeto y dignidad a las organizaciones sociales y sindicales, los movimientos populares y sus distintas formas de expresión.
La norma cuestionada marcha en una dirección opuesta. Esto es grave del lado que se lo mire.
Por una parte no reconoce los derechos de los descamisados, los excluidos, aquellos que nada tienen y expresan al subsuelo de la patria sublevada. Se les niega la posibilidad de utilizar la legitimidad de su accionar para suplir sus carencias materiales con instrumentos que le permitan resistir con mayor eficacia la ofensiva reaccionaria. Por el otro, favorece el poder policíaco de un Estado que cada vez más se inclina por promover y sostener los intereses del poder económico ante los justos reclamos de los trabajadores que tienen derecho a justicia y dignidad.
DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL A LA DOCTRINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
La norma propuesta y algunos otros hechos nos ponen ante el riesgo de revestir la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional bajo el nuevo formato de una Doctrina de Seguridad Ciudadana.
Cuando en la década de los '90 la Doctrina de Seguridad Nacional ya había alcanzado buena parte de sus objetivos y el descrédito comenzaba a corroerla, cuando la Unión Soviética implosionaba y caía el Muro de Berlín, los teóricos imperiales comenzaron a pergeñar nuevos métodos y razones para garantizar el control ciudadano.
En la Doctrina de Seguridad Nacional, el enemigo ideológico, la “subversión comunista”, era parte de la denominada “Guerra Fría” y había que darle “seguridad a los Estados” para evitar la penetración de ese enemigo. Esa tarea le fue encomendada a las Fuerzas Armadas.
Ahora, esos mismos ideólogos plantean que hay que “proteger al ciudadano”, “darle seguridad”, por eso la guerra es contra la “inseguridad” y la tarea principal para enfrentarla queda a cargo de las Fuerzas de Seguridad (Policías, Gendarmería, Prefectura). La expansión de la droga y el narcotráfico, negocio del cual la norteamericana DEA sabe mucho y se beneficia aún más, es un eficaz instrumento para asegurar el control territorial.
En estos tiempos, la capacitación represiva no está centrada en la nefasta Escuela de las Américas, su lugar lo ocupa la DEA. Allá están yendo funcionarios nacionales y provinciales, del poder político y la policía, para recibir cursos de adiestramiento y preparar las instituciones represivas que sean funcionales a esta nueva metodología de dominación.
El reciente desembarco de cerca de tres mil miembros de tropas federales en Rosario, para la “ocupación territorial” -como lo señalara Berni- forman parte de un esquema que tiene muchos puntos en común con la nueva estrategia del imperialismo.
La propuesta “Ley antipiquetes” puede ser perfectamente integrada a la perspectiva que estamos señalando.
Más allá de cualquier consideración política o ideológica hay que destacar la existencia de elementos en común en función del señalado objetivo de ocupación y control territorial.
Con el argumento del narcotráfico, cuyo desarrollo y despliegue no es ajeno a estrategias de dominación, el poder represivo del Estado trata de avanzar en el control del territorio. También le interesa controlar el territorio para evitar que el movimiento popular pueda utilizar ese espacio público para cuestionar políticas al servicio de minorías privilegiadas.
En uno y otro caso son los sectores más pobres los que padecen el acoso del narcotráfico y estas intervenciones del poder. El enemigo sabe que debe controlar a los reclamos de los más humildes y también el territorio en el que se desenvuelven.
Denominaciones discriminatorias, como “pibes-chorros” o “moto-chorros”, multiplicadas mediáticamente, son instrumentos de estos objetivos.
Así se está construyendo una realidad sobre cuyo destino advertimos que arrebata derechos al pueblo trabajador, pone en riesgo la paz social y el futuro de la Patria.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA POPULAR
NO A LA LEGALIDAD TRUCHA CON LA QUE PRETENDEN ACALLAR LEGÍTIMOS RECLAMOS DEL PUEBLO TRABAJADOR
LA PROTESTA Y ORGANIZACIÓN POPULAR SON EL CAMINO PARA RECUPERAR, AMPLIAR Y CONSOLIDAR DERECHOS
EL PUEBLO BUSCA LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA LUCHA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR
POR LA UNIDAD EN LA ACCIÓN CONTRA LAS LEYES REPRESIVAS
"Donde hay una necesidad, hay un derecho". Evita
Firman:
Convocatoria por la Liberación Nacional y Social
Organización Social y Política Los Pibes
Organizaciones Libres del Pueblo
Movimiento Popular La Dignidad
Resumen Latinoamericano
Equipo de Prensa y Comunicación - O.S.y P. "Los Pibes".
4301-9699 int. 32
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